El proyecto de demolición del histórico estadio Luna Park, liderado por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, ha sido aprobado de manera sorprendentemente veloz y sin modificaciones por la Comisión Nacional de Monumentos. La aprobación, realizada en pleno receso vacacional, generó una ola de críticas debido a que el recinto está protegido como Monumento Histórico Nacional desde 2007 y se encuentra ubicado en un Área de Protección Histórica.
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| Imagen: NA |
La propuesta contempla ampliar la capacidad del estadio de 8.400 a 13.000 espectadores y añadir un estacionamiento, algo que contraviene las normativas vigentes que prohíben tanto su demolición como cualquier alteración de su estructura original. DF Entertainment, la empresa de Finkelstein, posee la concesión del estadio por los próximos 40 años y argumenta que estas transformaciones son necesarias para cumplir con las exigencias de la industria del entretenimiento actual. Según el acuerdo con el Arzobispado, la empresa debe pagar al organismo un millón de dólares anuales por la gestión del lugar.
La polémica decisión fue impulsada por Mónica Capano, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, y por Juan Vacas, vocal del organismo y actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, la resolución final recaerá en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Papa Francisco, quien se encuentra atravesando un delicado estado de salud debido a una neumonía bilateral. Como líder máximo de la Iglesia Católica, su aprobación es clave.
Diversas organizaciones defensoras del patrimonio urbano, como Fundación Ciudad y Basta de Demoler, han expresado su rechazo y sostienen que el Luna Park podría adaptarse a las nuevas necesidades sin violar las normas de conservación. Estas instituciones han encontrado serias trabas burocráticas, ya que sus pedidos para acceder a los detalles del expediente y al acta de aprobación han sido ignorados.
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