El Gobierno nacional anunció la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, marcando el inicio de un nuevo enfoque en la política habitacional de Argentina. Esta medida, oficializada mediante el Decreto 70/2025, busca delegar mayores responsabilidades a provincias, municipios y al sector privado, limitando así la intervención directa del Estado nacional.
Cambios en la política de vivienda
El cierre de la Secretaría implica también una reestructuración en la administración y en el uso de los recursos asignados a programas habitacionales. En este contexto, se han detectado irregularidades en la gestión de tres fondos fiduciarios, por lo que estos han sido disueltos o se encuentran en proceso de liquidación.
Para garantizar la continuidad de los proyectos en marcha, el Gobierno ha planteado un esquema que incluye:
Subasta de propiedades para su venta a privados.
Transferencia de proyectos a las administraciones provinciales o municipales.
Colaboración con el sector privado para culminar las obras pendientes.
El impacto en la provincia de Buenos Aires
Frente a este panorama, el gobernador Axel Kicillof comunicó que la provincia de Buenos Aires se hará cargo del avance y finalización de las viviendas que ya tienen un progreso significativo. En el Conurbano bonaerense, por ejemplo, hay 3.000 unidades que están siendo completadas con fondos provinciales, asegurando así la continuidad de estas iniciativas habitacionales.
El futuro del programa Procrear
El destino del emblemático programa Procrear aún es incierto. Entre las opciones que se analizan, destacan:
La conclusión de las obras por parte de municipios o empresas privadas contratadas.
La venta de las unidades habitacionales pertenecientes a los Desarrollos Urbanísticos.
La cesión de propiedades a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior disposición.
Auditorías y revisión de créditos hipotecarios
Desde principios de 2024, el Gobierno está llevando a cabo auditorías en las obras aún en ejecución, las cuales, en muchos casos, presentan retrasos y presunta falta de transparencia financiera. Un total de 2.500 créditos hipotecarios otorgados a finales de 2023 también están siendo revisados. Para aquellos deudores en dificultades, se ofreció la conversión de sus préstamos hipotecarios a créditos personales, propuesta que fue aceptada por el 75% de los afectados.
Disolución de fondos fiduciarios
Adicionalmente, el Ejecutivo dispuso la disolución de diversos fondos fiduciarios vinculados a la política habitacional. Entre ellos se encuentran:
Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS).
Fondo Fiduciario Público Procrear, cuya disolución quedó establecida por el Decreto 1018/2024.
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, cerrado por el Decreto 6/2025.
Fondo de Integración Sociourbana (FISU), actualmente en proceso de liquidación.
El artículo 5 de la Ley Bases otorga facultades al Gobierno para realizar estos cambios, con el objetivo de optimizar la gestión y transparencia de los recursos empleados en el área de vivienda.
Mientras el modelo de gestión habitacional continúa su transición, queda por ver cómo impactará esta reorganización en quienes aspiran a acceder a una vivienda digna mediante programas estatales.
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